El ministro de Administración Pública (MAP), Darío Castillo Lugo, remitió una comunicación a las principales organizaciones del país, vinculadas con la municipalidad, solicitando su colaboración para garantizar el «estricto cumplimiento» de las obligaciones legales, en cuanto a la presentación de las Declaraciones Juradas de Patrimonio (DJP) por parte de los funcionarios públicos municipales, electos y designados.
En la misiva dirigida a la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore) y la Asociación Dominicana de Vocales (Adova), a propósito de la reciente toma de posesión de las nuevas autoridades locales el pasado 24 de abril, Castillo Lugo resaltó la obligatoriedad de realizar estas declaraciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales.
En ese sentido, el funcionario señaló que los alcaldes, vicealcaldes, directores de distritos municipales, regidores, vocales, así como los tesoreros municipales, los directores administrativos y financieros, y los encargados de compras y contrataciones de los cabildos, tienen la obligación de elaborar un inventario detallado y jurado de sus bienes patrimoniales, en el plazo de un mes a partir de su toma de posesión. Este mandato está contemplado en las leyes 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, y 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio, junto con su reglamento de aplicación núm. 92-16.
Castillo Lugo también indicó que dichas declaraciones pueden ser presentadas de manera virtual, a través del portal Web de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, y enfatizó que el grado de cumplimiento es monitoreado y reflejado en el indicador IGOB 8, del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (Sismap Municipal), «…y cuyos resultados son públicos y accesibles para la ciudadanía, a través del portal sismap.gob.do/municipal, garantizando la transparencia y el acceso a la información», agregó el titular del MAP.
Castillo Lugo se refirió a estas disposiciones, en concordancia con el compromiso asumido por el Gobierno, en materia de transparencia, cumplimiento del ordenamiento jurídico y combate a la corrupción.
Mediante el decreto 343-22, se creó una comisión integrada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), la Contraloría General de la República (CGR) y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE), con el objetivo de «Facilitar a la Cámara de Cuentas la información necesaria para el cumplimiento de la Ley 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos».
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