El Poder Ejecutivo dispuso la creación de una comisión especial que coordinará los procesos administrativos y legales relativos a la fusión de los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia a y Tecnología (Mescyt).
De acuerdo con el decreto 580-24, firmado por el presidente Luis Abinader en fecha del siete de octubre, la comisión estará integrada por el ministro de Educación, Ángel Hernández o un representante; el titular del Mescyt, Franklin García Fermín o un representante; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund o un representante y el comisionado para las Reformas del Estado, Darío Castillo Lugo.
Además de José Ramón Holguín Brito, en su calidad de presidente de la Asociación de Institutos Superiores (Asies); Wady R. Ramírez Mañón, presidente de la Asociación Dominicana de Universidades (ADOU); José Alejando Aybar Martín, presidente de la Asociación de Universidades Privadas (Aupri); Rvdo. P. Sergio De la Cruz, presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU); María Altagracia López Ferreiras, Radhamés Leónidas Mejía Tejeda, Miguel José de la Milagrosa Escala Figueredo y José Altagracia Hazim Torres.
La comisión deberá gestionar el proceso de transición para la fusión del Ministerio de Educación y el Mescyt, elaborar y ejecutar un plan de integración que incluya la consolidación de estructuras administrativas y de gestión, la armonización de políticas y programas, y la optimización de recursos; realizar un diagnóstico de la organización y programas del Mescyt para hacer las adecuaciones necesarias a la nueva naturaleza del ministerio fusionado que aquí se propone.
De la misma manera, pro mover una visión unificada y coherente de la educación que abarque desde la educación inicial hasta la educación superior y la investigación científica, en un marco de respeto a los principios y valores que deben guiar el desarrollo educativo nacional; coordinar con todas las partes interesadas, incluyendo instituciones educativas, asociaciones profesionales y organismos internacionales, para garantizar una transición sin contratiempos y la implementación de mejores prácticas.
Por igual, establecer mecanismos de comunicación transparentes y participativos para informar y comprometer a todos los actores del sistema educativo durante el proceso de unificación; proponer las modificaciones normativas que sean necesarias para una efectiva fusión, así como los cambios organizacionales y estructurales requeridos.
También, tomar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la continuidad y efectividad de los procesos administrados por ambos ministerios durante la transición y revisar y comentar el proyecto de ley de fusión de ambas instituciones antes de ser presentado al congreso nacional.
El decreto señala que esa transición y plan de integración debe de ser entregado en un plazo de seis meses después de emitido la disposición gubernamental.
La disposición suspende, de manera temporal, del conocimiento y aprobación de nuevas instituciones de educación superior.
El decreto tendrá vigencia hasta la aprobación y promulgación de la ley que formalice la fusión de las instituciones involucradas.
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