Siete imputados en Operación Medusa se declaran culpables

Durante el juicio preliminar de la Operación Medusa, este martes, seis personas y una empresa admitieron su culpabilidad ante el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, lo que complica el escenario al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso de corrupción administrativa.

Se trata de los imputados Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de la razón social Herrajes Rachel; César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, Fausto José Cáceres Santerio, Francisco Arturo Santos Gómez y la empresa La Parasata Mercantil. Estos admitieron su culpabilidad luego de que cada uno arribara a un acuerdo con el Ministerio Público para colaborar con el proceso.

A propósito, el Consejo de Defensa del imputado Jean Alain Rodríguez calificó de «extorsión y deslealtad procesal» los acuerdos que siete involucrados en la Operación Medusa llevaron a cabo con el Ministerio Público al admitir su culpabilidad en las acciones que se les imputan.

En un comunicado, los juristas Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Nelys Rivas, indicaron que los miembros de la Procuraduría General de la República incluyeron en su acusación a más de 30 personas que, según afirman, no conocen al ex procurador general. Por tanto, entienden que estos imputados fueron forzados a declararse culpables a través de acuerdos.

Tras estos acuerdos, el órgano acusador varió sus conclusiones iniciales respecto a los acusados Daniel Enrique Vásquez Féliz, Francisco Alberto Vásquez Féliz y Santos Gómez, para quienes pidió el cumplimiento de la pena de tres años de reclusión, bajo la modalidad de pena suspendida.

El Ministerio Público estableció que los hermanos Vásquez Féliz y Santos Gómez deben de residir en un lugar determinado, y en caso de cambiar el domicilio, se debe hacer constar de manera escrita. También, abstenerse de viajar al extranjero sin previa notificación a la autoridad judicial competente, no tener arma de fuego, entre otras reglas.

La coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó que con Guzmán Oliver fue realizado un acuerdo pleno en el que se solicitó la imposición de la pena en el tribunal, mientras que con Rizik Pimentel un acuerdo penal parcial que va a conocerse en el juicio.

«En el caso de Rizik, como él admite los hechos y solicita que se dicte auto de apertura a juicio, el juez al momento de examinar, puede dictar auto de apertura a juicio y nos veremos en el juicio», detalló la representante de la Pepca.

Asimismo, dijo que en el caso de Herrajes Rachel al juez le corresponde decidir si admite o no el acuerdo penal abreviado y en ese sentido puede establecer una condena.

Para la razón social Divamor Group SRL, el órgano acusador solicitó que la misma sea condenada al pago de una multa de RD$722,744.12, ordenar el decomiso a favor del Estado dominicano de las acciones de la entidad comercial y ordenar la cancelación de su registro mercantil.

De igual forma, solicitó que sea condenada la entidad comercial Rogama SRL al pago de la multa RD$722,744.31, ordenar el decomiso a favor del Estado dominicano de las acciones de la entidad comercial, ordenar la cancelación de su registro mercantil y ordenar el decomiso a favor del Estado dominicano del bien inmueble identificado como 309510540944, matrícula número 3000248325, con una superficie de 1,500.28 metros cuadrados, ubicada en Santo Domingo, propiedad de dicha entidad comercial.

Declaraciones de Rizik Pimentel

Rizik Pimentel fue el primero que decidió admitir su culpabilidad y decidió colaborar con el órgano acusador «para poder llevar paz y tranquilidad a él y a su familia».

«Estamos en todos posición de contribuir y colaborar con lo que fuese necesario con el propósito de que no solamente yo, sino toda mi familia, una vez por toda atravesemos esta experiencia que no ha dejado más que calamidades, angustias e incertidumbre», expresó durante su intervención en el tribunal.

El Ministerio Publicó acusa al imputado de ser, junto a otros dos, a través de la Distribuidora Ropi SRL y la colaboración del señor José Alberto Abbott Brugal, «presta nombre», obtener dos contratos para los alimentos de las cárceles, por los que la PGR pagó la suma de RD$131,019,966.84.

Según declaró el imputado, el 2016 participó en el proceso de licitación y le darían el contrato si accedía a dar un porcentaje de lo ganado.

«En ese momento lo que sí nos proponen y nos ordenan es dar un porcentaje a cambio de ser beneficiada nuestra empresa», puntualizó.

Ante sus declaraciones, la fiscal Mirna Ortiz, indicó que acogerá su testimonio y dará por conocidas sus declaraciones, por lo que le asegura se acreditará para el juicio.

Durante la intervención de Miguel José Moya, este indicó que se siente «pisoteado» y en «vergüenza» ante las acciones por la cual se le señala en el caso Medusa, asegurando que es inocente.

Indicó que junto a su esposa, Sara María Fernández, han dedicado los últimos años de su vida en restablecer personas y organizarlas donde hay crisis. Aseguró que sus actividades no generan lucro, por lo que desde que llegaron a la Procuraduría, según él, no han comprado activos.

Al indicar que tras vincular a su familia en la Operación Medusa todo se convierte en piedra, «está piedra nuestra economía, piedra nuestra casa, piedra nuestros amigos, piedra nuestra dignidad, que yo ni siquiera voy a actos públicos, tengo vergüenza de ir a actos públicos».

Sin embargo, declaró que confía en la justicia y el proceso que se lleva en su contra.

La audiencia llevada a cabo ayer duró más de diez horas.

El pasado mes de diciembre el Ministerio Público concluyó la presentación de la acusación solicitando al tribunal auto de apertura a juicio para 41 personas físicas y 22 razones sociales acusadas en este proceso.

El órgano del sistema de justicia acusa al grupo de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Al ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez se le atribuye dirigir el entramado de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República en el período del 2016 al 2020.

Además de Rodríguez Sánchez, el proceso se sigue contra Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público.

El órgano persecutor también acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.

Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.

Pasadas las 9:00 de la noche el juez Martínez dispuso el aplazamiento de la audiencia para las 9:00 de la mañana del próximo 15 de marzo.

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Sonia Polanco

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