Diputados aprueban recomendaciones a ley de Cámara de Cuentas para perseguir corrupción

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en única lectura las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al proyecto de ley de Cámara de Cuentas, iniciativa que estuvo detenida desde enero en el Congreso.

Una comisión de diputados, que presidió Rogelio Alfonso Genao, rindió un informe favorable a las correcciones que mandó el Gobierno sobre el proyecto. Posteriormente, el Pleno acogió todas las observaciones.

Así, el proyecto pasa ahora al Senado para que desde allí también se revisen las observaciones del Gobierno y el proyecto quede aprobado.

La pieza sobre la Cámara de Cuentas llevaba dos años debatiéndose en el Congreso Nacional. Fue sometida en el 2022 por el senador Félix Bautista, pero su estudio se intensificó cuando los miembros titulares de la institución fiscalizadora encabezaron enfrentamientos acusándose de usurpar funciones o falsear documentos.

Viendo la situación ocurrida a lo interno de la Cámara de Cuentas, el Gobierno esperó que el Congreso estudiara y aprobara la ley y luego devolvió la iniciativa a los congresistas con una serie de cambios que buscan frenar los conflictos en la institución.

El Gobierno sugiere cambiar el artículo 31 del proyecto para que las sesiones sólo sean legítimas si están presentes tres de los cinco miembros titulares, mientras que en las extraordinarias deberán estar presentes cuatro funcionarios. El proyecto de los legisladores exponía que las sesiones debían contar con la presencia de la mitad más uno de los miembros del Pleno.

También, las observaciones del Ejecutivo formulan más cambios en las sesiones de la Cámara de Cuentas para que las resoluciones de los encuentros registren los votos de cada miembro titular y para que el voto del presidente en cualquier tema sea decisivo en caso de empate.

La pieza también incluye multas y sanciones contra los funcionarios que reciban sobornos, frenen investigaciones encabezadas por la justicia o contraigan deudas a sus cuentas.

Establece que se considerarían infracciones firmar cheques en blanco, aprobar asientos contables falsos, utilizar fondos públicos para beneficios personales o negar la colaboración a auditores gubernamentales.

Además, recaudar ilegalmente recursos del Estado, exigir sumas de dinero no previstas en la ley, no investigar las faltas de sus subalternos y no transparentar los recursos públicos de las instituciones.

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Sonia Polanco

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